Foro de Opinión CXM: España entre las mejores democracias

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Este escrito, tiene por objeto contestar la columna publicada en este Diario el pasado 19 de febrero, bajo el título “Derecho penal y soberanismo”, firmada por Jaime LLuch.

1.- El Sr. Lluch, en su búsqueda de argumentos en contra del gobierno de España maneja los datos de manera tendenciosa. Un ejemplo, el Economist Intelligence Unit cataloga la democracia española en el puesto 19 mundial y él habla de posibilidad de “democracia fallida”. Pregunto ¿Cómo calificaría el Sr. Lluch el resto de democracias por debajo de España? Es meridiano que la democracia española goza de una excelente salud y, así lo refrendan, todos los organismos internacionales.

2.- A continuación habla de “judicialización de la política y encarcelamiento injustificado de políticos soberanistas”. Sorprende la osadía del Sr. Lluch al enjuiciar los hechos y dando a entender que los magistrados del Tribunal Supremo español están a la orden del Gobierno de España. Sinceramente sorprende e indigna como español. La separación de poderes en España es indiscutible y la independencia judicial es total.

3.- Habilidosamente el Sr. Lluch analiza los delitos de sedición y rebelión recogidos en nuestro ordenamiento, pero obvia las explicaciones que las instituciones judiciales han venido facilitando sobre las decisiones adoptadas. Y para que los lectores del Nuevo Día tengan toda la información, aquí los expongo:

Para que haya violencia no se exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas, bastaría que sea pública o manifiesta la desobediencia a la autoridad del Estado. Los días previos y posteriores al de la celebración del (bochornoso) intento de referéndum, y desde luego, el mismo día 1 de octubre, constituyeron una insurrección, un levantamiento alentado por los querellados. Esos instaron a que el sector de la población partidario de la secesión desobedeciera públicamente y mostrara una resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado. Ocuparon carreteras, calles y edificios públicos; y además acosaron a los agentes de la autoridad. Solo hay que ver la foto de cómo quedaron los coches de la policía.  Además este “Catedrático” de Derecho pasa de puntillas sobre la acusación de delito por malversación de fondos públicos por parte del Gobierno catalán, cuantificado en más de seis millones de euros; así como que la prisión preventiva busca impedir la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga, algo que otros ex miembros del parlamento catalán conocen al detalle.

4.- En su artículo de opinión, insinúa que el motivo de la prisión preventiva es consecuencia de expresar una determinada manera de pensar. Reitero mi perplejidad. La libertad de expresión está garantizada en España y, desde luego, estos señores no están en la cárcel por manifestar sus ideas. Lo llevan haciendo años y hasta la fecha nunca habían sido encarcelados. La observación es malintencionada. Puede estar seguro que en España el señor Berríos y la señora Santiago podrían expresar libremente sus ideas independentistas, faltaría más.

5.- Por último, es sonrojante la manera en la que finaliza el artículo el Sr. LLuch. Señalar que lo sucedido en España es un “caso clásico de detenciones políticas arbitrarias” es ofensivo al estado Español y a las instituciones que nos representan a los españoles, incluidos los que residimos en Puerto Rico. En España hace muchos años que no hay detenciones arbitrarias. Somos un estado de derecho plenamente consolidado.

6.- España forma parte de la Unión Europea, quien ha manifestado su apoyo incondicional al Gobierno de España sobre la gestión del tema catalán. Le recuerdo que para ser parte de este club hemos de cumplir escrupulosamente requisitos como transparencia democrática, independencia judicial o libertad de expresión. Da la sensación que usted tiene una opinión omnipotente e incluso superior a las instituciones europeas. Lo lamento, pero España es un gran país y personalmente no podía permitir tantas difamaciones.

Publicado en el Diario El Nuevo Día, periódico de Puerto Rico el 25 de febrero

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